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Un especial que demuestra el incumplimiento de los compromisos de las Metas del Milenio por parte de los gobiernos colombianos. Pinche para accesar...
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BOGOTÁ, 11 abr 2007 (IPS) - El arresto y pedidos de captura de funcionarios acusados de desviar fondos de salud de una región colombiana en la que murieron 12 niños de desnutrición, muestran que la corrupción es un obstáculo para que este país cumpla sus compromisos de reducción de la pobreza.
"A quienes se roben los recursos de la salud se les debe imputar por homicidio, además de prevaricato y peculado", dijo el fiscal general Mario Iguarán este martes al informar sobre el arresto de un funcionario acusado del desvío de 911.000 dólares.
Esa suma formaba parte del presupuesto de salud del noroccidental departamento del Chocó, donde murieron de hambre 12 niños en marzo.
El detenido es el tesorero del municipio de Lloró —situado 45 kilómetros al sureste de Quibdó, capital del Chocó— quien junto a un anterior tesorero municipal, un ex tesorero departamental y un ex alcalde se habrían apropiado de los recursos, según la Fiscalía.
Contra los tres hay órdenes de captura, mientras han sido llamados a indagatoria el alcalde de Quibdó y un número no determinado de jueces, cuyos fallos habrían favorecido en el pasado a otros acusados por el mismo delito.
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La investigación se inició por la denuncia el 25 de marzo del ombudsman (defensor del pueblo) Vólmar Pérez, quien sostuvo que "las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas que habitan la cuenca del río Domingodó, en jurisdicción de Carmen del Darién (Chocó) viven una grave emergencia sanitaria". "En marzo se registró el fallecimiento de 12 niños y tres adultos como consecuencia de un agudo proceso de deshidratación, enfermedades diarreicas y desnutrición", agregó Pérez en esa ocasión.
La denuncia se suma a viejos antecedentes de corrupción en la región, cuyo gobernador, Julio Ibargüena, y 31 alcaldes municipales están sometidos a investigaciones penales, disciplinarias o fiscales, según información del Ministerio Público.
Además, el caso prueba la negligencia estatal, han dicho organizaciones no gubernamentales como el capítulo colombiano de Plan International, una entidad de ayuda a la infancia con sede en Gran Bretaña.
"Resulta evidente que la muerte de los niños no es asunto coyuntural. Es resultado de un largo proceso de desidias y marginalidades", dijo Graciela Butcher, directora de Plan en Colombia.
"La crisis humanitaria se agrava por causa del narcotráfico, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, el aislamiento de comunidades y la consecuente pérdida de seguridades básicas: la vida y el alimento", añadió.
Colombia lleva más de 40 años de guerra civil, con guerrillas izquierdistas enfrentadas al gobierno y a paramilitares de extrema derecha, activos desde los años 80 y parcialmente desmovilizados desde 2006.
"La corrupción existente y la falta de voluntad de las autoridades locales son señaladas como los principales actores desencadenantes de la crisis alimentaria, que en Chocó obedece a la falta de una política pública nacional coherente", dijeron en una declaración la Campaña Nacional por el Derecho a la Alimentación y Foodfirst Information & Action Network, (Red de Información y Acción Primero Alimentos) presente en Colombia.
Otro acto de corrupción fue confirmado por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Elvira Forero, cuando el 3 de este mes solicitó la investigación de la venta del complemento alimenticio Bienestarina en el Chocó.
El ICBF entrega hace tres décadas en forma gratuita la Bienestarina, una mezcla de harina de trigo, soja, leche en polvo descremada, vitaminas y minerales, que se consume con agua y azúcar para reforzar la alimentación de niñas y niños, madres lactantes y ancianos en las zonas más pobres del país.
Pero las denuncias de que el alimento es desviado y vendido como ración para engordar ganado porcino llevan años.
El caso de la Bienestarina "es un vergonzoso recorderis (recordatorio) de que en Colombia, en pleno siglo XXI y pese a la anunciada mejoría en las cifras de pobreza, hay millones de compatriotas que comen peor que los animales", sostuvo el 5 de abril el artículo editorial del diario El Tiempo.
Según estadísticas publicadas en marzo por el gobierno, la proporción de pobreza se redujo de 56 por ciento en 2002 a 45 por ciento en 2006 en este país de más de 42 millones de habitantes. El último registro corrige la cifras dadas por el gobierno el año pasado, que indicaban una pobreza de 49 por ciento.
Para la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, economista Consuelo Corredor, "se muestra una importante reducción, lo que es satisfactorio, pero es conveniente analizar las razones que posiblemente expliquen este comportamiento".
"Según el programa Bogotá Cómo Vamos —que evalúa la calidad de vida de la capital— esta ciudad registra una reducción de 10 puntos en la línea de pobreza y de 4,6 en pobreza extrema, lo que afecta los porcentajes nacionales de manera favorable", afirmó Corredor.
Con casi siete millones de habitantes, "Bogotá tiene una estructura productiva diversificada y concentra más de la cuarta parte de las empresas y de las exportaciones del país. De esta manera, los índices (bogotanos) modifican los porcentajes de otras regiones del país", explicó a IPS.
Además, las autoridades de Bogotá han adoptado estrategias para asistir a los más pobres.
El programa Bogotá sin Hambre, implantado en 2004 por el alcalde izquierdista Luis Eduardo Garzón, suministra de lunes a viernes en 22 comedores escolares 30.000 desayunos, 26.000 almuerzos y 370.000 refrigerios diarios en los sectores deprimidos de la ciudad.
Además, en 241 comedores comunitarios comen cada día 67.000 personas, en especial ancianos, mujeres gestantes y niños sin acceso a comedores escolares.
Pero en Chocó y en otras zonas, no existen tales medidas.
El panorama del Chocó está descrito en las cifras proporcionadas por el estudio Situación de Salud en Colombia – Indicadores Básicos, publicado en 2006 por el Ministerio de la Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud.
Allí la esperanza de vida para los hombres es de 65 años, y para las mujeres de 71, en promedio cinco años menos que la expectativa nacional, de 70 y 76 años respectivamente.
La población chocoana está conformada sobre todo por indígenas y afrodescendientes.
Mientras la mortalidad materna nacional es de 79 madres muertas por cada 100.000 nacidos vivos, en el Chocó trepa a 429 por cada 100.000.
En el departamento mueren 17 neonatos por cada mil nacidos vivos. La tasa nacional es de siete muertes por cada mil nacimientos. Y antes de cumplir el primer año de vida, en el Chocó mueren 98 niños y 80 niñas por cada mil.
Colombia está obligada a cumplir antes de 2015 los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados por los gobiernos del mundo en 2000. Ellos incluyen abatir a la mitad la proporción de indigentes y hambrientos y reducir en dos tercios la mortalidad infantil y en tres cuartos la mortalidad materna, además de otras obligaciones en salud, educación, igualdad de género, trabajo, ambiente y desarrollo sustentable.
Los datos del Chocó confirman "que Colombia está lejos de alcanzar los ODM, porque el crecimiento económico no va de la mano con la disminución de la pobreza", dijo a IPS el economista Ricardo Bonilla, investigador de la estatal Universidad Nacional.
"El 45 por ciento de los bienes se concentra en el 10 por ciento de la población, y el 45 por ciento restante se distribuye entre los niveles medios y pobres. Y esta perspectiva no prevé cambios favorables para los desposeídos en tiempo breve", aseguró Bonilla.
El senador conservador y oficialista Iván Díaz, miembro de la Comisión del Senado para el seguimiento de la situación del Chocó, también estimó que las soluciones no se vislumbran a corto plazo, dadas las características de la región y la ausencia de Estado.
"El voto limpio, la aplicación de la democracia y su ejercicio transparente serán fundamentales para que se logre un cambio en la región", dijo Díaz a IPS.
Siete ministros del gobierno del derechista Álvaro Uribe deberán comparecer ante el Senado el martes 17 de abril en otro paso de la investigación sobre los hechos del Chocó. -
Crédito: Presidencia de Colombia
BOGOTÁ, 20 abr 2007 (IPS) - Entre la expectativa y el escepticismo Colombia espera el informe de avance sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que el presidente Álvaro Uribe dará a conocer este sábado en Bogotá.
El escepticismo de especialistas se arraiga en los métodos usados por el gobierno para medir los indicadores de desarrollo, una polémica que alcanzó su pico en 2004, cuando el entonces director del estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), el oficialista César Caballero, renunció e hizo públicos los motivos de su decisión. En septiembre de ese año se debían divulgar los resultados de la "Encuesta de victimización 2003", según la cual 75 por ciento de los colombianos entrevistados se sentían vulnerables ante la violencia y la inseguridad de este país que lleva más de cuatro décadas de guerra interna.
Esa proporción contradecía las expectativas de la política de seguridad democrática adoptada como bandera por el derechista Uribe desde que asumió en 2002.
Un día antes de la rueda de prensa en que se publicaría el estudio, Caballero recibió la orden de suspenderla. Horas después se conoció el texto de su renuncia.
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Caballero afirmó en su carta que "se sentía incapaz de cumplir la orden" pues la información había sido presentada "en las instancias técnicas y consultada ante los canales pertinentes". La renuncia fue aceptada. La Presidencia dispuso entonces que las cifras se revelarían tras ser analizadas por el Consejo de Seguridad, integrado por el ministro de Defensa, los comandantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Los resultados de la encuesta se filtraron de todos modos a la prensa.
El economista y ex funcionario Javier Fernández Riva estimó entonces que "lo sucedido tendrá un alto costo para la credibilidad de las cifras oficiales que se recibirán ahora, más que nunca, con beneficio de inventario".
Al frente del DANE, que depende directamente de la Presidencia, Uribe nombró a Ernesto Rojas, quien puso en marcha el Censo Nacional de Población 2005, cuyo resultado arrojó la cifra de 41.300.000 habitantes, mientras las proyecciones anteriores indicaban cerca de 46 millones de personas.
Han aparecido dudas de las mediciones del DANE sobre porcentajes de desempleo, desplazamiento y crecimiento industrial, entre otros temas.
El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, puso en tela de juicio en 2006 las estadísticas sobre empleo y subempleo en el sector agropecuario, ante lo que el director del Banco de la República respondió que "las mediciones en el campo son difíciles".
Pero la mayor polémica se refiere a la cantidad de pobres e indigentes.
"Este país tenía, cuando nosotros llegamos, una pobreza en el 60 por ciento. La última medición dio el 45. Es muy alta. Yo no lo digo en manera jactanciosa. Yo reconozco que es muy alta, pero también le cuento al país de dónde venimos", dijo esta semana Uribe, quien asumió su primer mandato en 2002.
El economista Ricardo Bonilla dijo a IPS que el gobierno colombiano considera pobre a quien accede a una canasta familiar de unos 109 dólares mensuales, y que incluye el pago de alimentos, vivienda, servicios públicos, educación y medicamentos "lo que es imposible para una familia de cuatro personas".
Y se consideran indigentes, quienes tienen un tope de ingresos que les permite acceder solamente a una canasta alimentaria básica de un valor equivalente a 46 dólares.
El economista Eduardo Sarmiento dijo en una columna en el periódico El Espectador el 31 de marzo que "la nueva metodología define la línea de pobreza con criterios arbitrarios que la bajan y se imputan toda clase de ingresos para elevar la posición de los sectores más desfavorecidos".
En igual sentido se ha manifestó el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la estatal Universidad Nacional.
Sobre los estándares para medir la cantidad de pobres, el director de desarrollo social del Departamento Nacional de Planeación, José Fernando Arias, dijo a IPS que "la pobreza es fenómeno complejo que uno no puede reducir a una única dimensión", la de los ingresos.
"Se puede evidenciar con indicadores como necesidades básicas insatisfechas, que definitivamente indican que las condiciones de vida de la población son distintas. Y que muestran que efectivamente, si se realizan esfuerzos en salud, seguridad social y procesos de acumulación de capital humano, las condiciones de vida de la población cambian", sostuvo.
Colombia está obligada a cumplir antes de 2015 los ODM, adoptados por los gobiernos del mundo en 2000. Ellos incluyen abatir a la mitad la proporción de indigentes y hambrientos y reducir en dos tercios la mortalidad infantil y en tres cuartos la mortalidad materna, además de otras obligaciones en salud, educación, igualdad de género, ambiente y desarrollo sustentable.
En la medición de avances de los ODM que dará a conocer Uribe, "se han tenido en cuenta fuentes de información oficial y privada", agregó Arias.
"Las metodologías utilizadas para la medición de pobreza" realizada por la oficial Misión Pobreza "están disponible en la página del DNP y respaldadas por el DANE, de manera que cualquiera puede hacer una verificación de resultados, lograr conclusiones similares o verificar puntos de discrepancia", concluyó.
Para el activista Alberto Yepes, de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario y coordinador de la campaña civil Colombia sin Pobreza, el gobierno afirma que su política de seguridad democrática (imponer la presencia del Estado en todo el territorio mediante la colaboración de redes civiles de informantes) eleva la confianza de los inversionistas extranjeros y la actividad económica, lo que a su vez aumenta el empleo y reduce la pobreza.
"Es lo que se conoce como la ley del derrame. Si hay más ricos, sus sobras y migajas caen en los pobres y así se considera que la pobreza disminuye. Pero es una estrategia. Y para lograrla se necesita acomodar algunas cifras y poner en marcha programas que permitan disimular la realidad confundiéndola con entrega de limosnas", dijo Yepes a IPS.
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